Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó este jueves que el 90 por ciento de las llamadas fraudulentas en el país provienen de las cárceles y se hacen con teléfonos robados.
Mazara se refirió en estos términos, al ser entrevistado en el programa El Día, conversación en la que resaltó el acuerdo suscrito con la Procuraduría General de la República (PGR), para comenzar el proceso de bloqueadores de señal en los recintos penitenciarios, con la entrega de 300 millones de pesos.
De acuerdo al funcionario, cifras estadísticas establecieron que en los últimos cuatro años la fuente fundamental de las estafas proviene de las cárceles, y que el 36 por ciento de los delitos que se desarrollan en el país tienen como destino un teléfono.
“Identificamos cuatro centros penitenciarios, en el interés de que con los cambios que se van a identificar ahora por el hacinamiento de la población, el concepto de inhibidores esté asociado a que el entorno no esté poblado”, explicó.
En ese sentido, manifestó que para instalar los bloqueadores de señal se identificaron las cárceles que tienen mayor flujo de llamadas fraudulentas; que son la del 15 de Azua, la de Rafey en Santiago de los Caballeros, así como la Anamuya de Higüey y la del Pinito de La Vega.
“Como las Parras va a ser habilitada ahora, todo el que está en un cárcel sobrepoblada va a ser trasladado a las Parras, y como no hay un entorno, evidentemente va a ser más exitosa la gestión de bloqueo”, indicó.
Mazara señaló que con los bloqueadores no “conculcarán” los derechos de los privados de libertad, quienes tendrán acceso a un mecanismo de llamadas establecido formalmente para comunicarse con familiares.
“Lo que iniciamos ayer será un cambio fundamental en la cultura delictiva desde el punto de vista del mundo tecnológico”, destacó.
El funcionario también informó, que están promoviendo una transformación de la Ley General de Telecomunicaciones que data desde el 1998, porque está “obsoleta” y se necesita una “normativa que faculte una persecución efectiva y garantice la penalización de prácticas delictivas como el ciberacoso.