Barrick Pueblo Viejo, concesionaria del yacimiento de oro y plata de Pueblo Viejo, Sánchez Ramírez, extravió su rol al pretender justificar el la actuación excesiva de policías y militares contra personas que protestaban por los desalojo de sus viviendas y predios para dar paso a la instalación de una presa de cola en Arroyo Vuelta, distrito municipal de Zambrana, Cotui.
Al menos ocho personas resultaron lesionadas, por impactos de perdigones, lo que motivó la censura de la Conferencia del Episcopado Dominicano Episcopal, que refiere que entre los heridos figuran dos sacerdotes, acciones que definió como desproporcionadas y violatoria a la dignidad de los ciudadanos.
La empresa alegó que comunitarios realizaron “un bloqueo ilegal de carreteras públicas para servir a sus propios intereses económicos”, según refiere la prensa, a quienes también acusa de exigir pagos de indemnizaciones injustificadas por sus tierras y cultivos.
Si esos han sido los motivos para tan áspero proceder, se censura que las autoridades se coloquen del lado de una de las partes involucradas en un conflicto de carácter social y jurídico, que ante la imposibilidad de resolverse por vía de la negociación, requiere de la intervención de los tribunales.
Las Litis en materia civil o inmobiliaria se resuelven en el ámbito judicial, sin que los comunitarios incurran en violencia, ni la Policía emplee represión desproporcionada.
El Poder Ejecutivo tiene facultad de declarar de utilidad pública o interés social propiedades particulares, en cuyo caso también se requiere de una tasación relacionada con el valor del inmueble y sus mejoras.
Llama la atención que Barrick Pueblo Viejo justifique la actuación de contingentes de la Policía y del Ejercito en Arroyo Vuelta, Cotui, acciones que que la Conferencia del Episcopado considera como desproporcionadas y violación a los derechos y dignidad de las personas. Es obvio el extravío de roles.
No se niega la necesidad de instalar una presa de almacenamiento de desechos mineros en el área de influencia de esa mina, pero sus ejecutivos no deberían justificar el uso de la fuerza pública, sin que medie una sentencia judicial, porque en República Dominicana impera un estado de derecho que también cobija a los debiles.
ELNACIONAL