El pasado viernes, la magistrada Fátima Veloz liberó a Freddy Núñez Jorge y a Aníbal Ozoria, presidente y tesorero, respectivamente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem).
A Freddy se le impuso una garantía económica ascendente a un millón 200 mil pesos, y deberá presentarse los 30 de cada mes ante el Ministerio Público. Mientras que a Ozoria también le fue dictada una garantía económica ascendente a 300 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
Luego de colocar ese caso en modo de investigación, el Ministerio Público enfila sus cañones hacia la Federación de Esgrima, que presidió Luis Ciprián durante cuatro años.
En un documento marcado con el registro FDN-DPRO-01086-2024, el Ministerio Público, a través del procurador fiscal del Distrito Nacional, Nelson Beltré Tejeda, quien es miembro del departamento investigativo de crímenes y delitos contra la propiedad (robos), le solicita a la Contraloría General de la República que le remita la auditoría realizada a la Federación de Esgrima, en caso de que haya sido auditada, o, en su defecto, cualquier documentación que avale la situación financiera de dicha entidad.
Sostiene que esa solitud se realiza en virtud de que la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional está apoderada de un proceso de investigación, que implica obtener esa información, conforme a lo que establece el artículo 88 del Código Procesal Penal.
Esa comunicación es la respuesta a la solicitud que le hizo Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a Rosalba Ramos, encargada de la Fiscalía del Distrito Nacional.
En esa comunicación, marcada como caso Pepca-01-0215-2022, se mencionan a los miembros de la Federación de Esgrima, Luis Bernardo Ciprián Saro, Santos Martín Pichardo, Aristóteles Neuman Marchena, Carlos Augusto Almonte Yndalecio, Juan Marcos Clases, Elías Clases Sánchez y José Omar Santos Ríos, por presunta violación al artículo 408 del Código Penal .
Es lamentable que el deporte nacional, representado en esos dirigentes, sean investigados por la Justicia ordinaria.