El empresario José Ángel Gómez Canaán -Jochi Gómez- se encuentra desde hace varias horas en la oficina de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) para ser interrogado nuevamente por su vinculación con el "contrato fraudulento" para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
Al igual que él, aunque separado, su abogado Carlos Balcácer, se trasladó de la sede de la Procuraduría General de la República, en el Centro de los Héroes en el Distrito Nacional, para acompañarlo en el proceso.
Al enterarse de algunos de los señalamientos que hace el Ministerio Público contra su defendido, Balcácer indicó que los hechos atribuidos a Jochi Gómez no pueden calificarse como terrorismo.
"Cada infracción tiene sus elementos que la caracterizan de acuerdo a la ley, eso no está dentro del delito de terrorismo que requiere un concierto de voluntades, de financiamiento, pero no estamos en clases de derecho", expresó.
El togado indicó, además, que apagar un semáforo puede considerarse obstrucción al tránsito pero no terrorismo. Señaló que la falsificación de documentos, una de las imputaciones a Jochi Gómez, es una infracción que no se conoce en una jurisdicción penal.