Roberto Méndez Pérez, del caso Iguana, distrajo dinero de agencias de seguridad del Estado, dice la PGR
El Tribunal Colegiado de Jimaní condenó al exencargado de Migración de Jimaní, en la frontera domínico-haitiana, Roberto Méndez Pérez a 10 años de prisión y al pago de 150 salarios mínimos por tráfico y secuestro de migrantes y que fue detenido durante la Operación Iguana, en el 2022.
Méndez Pérez se desempeñaba como coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración. Junto a él también fueron condenados por la misma acusación Johan Rosario Castillo, igualmente a 10 años de prisión, mientras que a 15 años fueron sentenciados Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.
"Todos deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos", informó la Procuraduría General en una comunicación de prensa.
Según el Ministerio Público, el tribunal dictó una sentencia absolutoria respecto de los acusados Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán.
Secuestraban mujeres y niñas
En la comunicación de prensa sobre la condena a los cinco principales acusados de Operación Iguana, la Procuraduría recuerda que durante los allanamientos contra la red, arrestó a los hoy condenados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
Sostuvo que, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, dio inicio a la investigación penal de este caso en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red y que logró la obtención de pruebas que los vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.
El expediente acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno. Igualmente, privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.
A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público destaca la importancia de la sanción contra esos graves delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.