El delito de enriquecimiento ilícito no está claramente configurado como un delito autónomo en la legislación dominicana, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la sentencia del caso Odebrecht, que absolvió a los acusados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón.
"No existe una definición legal precisa de lo que constituye un enriquecimiento patrimonial injustificado, lo que dificultó la aplicación de este cargo en el caso particular", dijo la alta corte en sus escritos posteriores a la sentencia.
La Suprema Corte subrayó que la interpretación errónea de las pruebas por parte de los tribunales inferiores contribuyó a las decisiones judiciales previas, lo que requirió su revisión y corrección.
"La falta de una definición clara y precisa de este delito dificultó su aplicación en el caso Odebrecht, lo que sugiere la necesidad de revisar y fortalecer la legislación en esta área para mejorar la capacidad de las autoridades para perseguir y sancionar estos delitos", agregó.