Este jueves se presentó ante las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) el empresario canadiense Antonio Carbone para presentar una querella contra funcionarios del gobierno actual y de gestiones anteriores, así como contra el diputado Sergio Moya de la Cruz "Gory", a los que acusa de supuestamente sustraerle bienes valorados en más de 580 millones de dólares.
Carbone, quien llegó a la PGR con un chaleco antibalas alegando que teme por su vida y junto a dos cajas con 298 pruebas, se dirigió a la prensa informando que dentro de las personas denunciadas están el citado legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el expresidente de la República, Danilo Medina, su hermano Alexis Medina. También, los exministros Simón Lizardo y Donald Guerrero.
De la actual gestión mencionó a José Leonel (Neney) Cabrera Abud, extitular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), entre otros.
Aunque indicó que el principal implicado es Goris, señaló también se querellaría contra otras 127 personas que fueron o son funcionarios del actual gobierno.
De acuerdo con Carbone, la incautación de bienes se produjo con 13 casinos, 198 bancas deportivas, 1,397 bancas de loterías (El Gordo Iberoamericano y Lotería Nacional), 108 vehículos y otros inmuebles, que se lo habrían despojado.
Afirmó que solo Moya de la Cruz está en "posesión ilegal y arbitraria" de una parte de sus bienes por un valor de 50 millones de dólares.
El periplo de Carbone en la justicia
Esta visita del empresario a la Procuraduría es un nuevo escalón de sus pasos por los estamentos de justicia en República Dominicana. El 26 de agosto de 2017 Carbone fue condenado a 20 años de prisión por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser hallado culpable de ser el autor material del intento de homicidio contra el gerente de Dream Casinos Corporation, Fernando Báez Guerrero.
Estaba en prisión preventiva desde el 2015 en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís bajo acusación del Ministerio Público de haber cometido el hecho junto a su hermano Francesco Carbone.
Posteriormente, el 31 de agosto de 2019, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la pena de 20 años, tras ser apelada por el Carbone. También lo condenó al pago de dos millones de pesos como indemnización.
Los magistrados Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente; July Elizabeth Tamariz Núñez, y Mariana Daneira García Castillo, adoptaron la decisión tras rechazar el recurso de apelación interpuesto por sus abogados Tomas Castro y José Rafael Ariza en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitida el 26 de agosto del 2017, que lo condenó a 20 años de prisión donde el tribunal encontró culpable a Carbone, de tentativa de asesinato por la explosión con una bomba de fabricación cacera en el vehículo de Báez Guerrero.
Salió en libertad el dos de febrero de este 2024 cuando la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional acogió un recurso de habeas corpus que el empresario depositó alegando que le habían violado derechos fundamentales en el proceso.
El empresario cumplió 9 años de cárcel y calificó este proceso de "arbitrario". Dijo que fue apresado sin orden judicial y acusado de un crimen que no cometió. Afirmó que el hecho sucedió en 2014 en Santo Domingo, mientras él se encontraba en Canadá.